Una transformación energética que no deja a nadie indiferente
La comarca de Béjar, marcada históricamente por su riqueza natural y su patrimonio cultural, está viviendo una transformación energética que despierta tantas esperanzas como recelos. La expansión de proyectos de energías renovables —fotovoltaicas y eólicas, principalmente— ha abierto un debate intenso entre los vecinos sobre el modelo de desarrollo que se quiere seguir. ¿Energía verde sí, pero a qué precio? ¿Quién decide y quién se beneficia realmente?
Una apuesta estatal que toca de lleno al mundo rural
El impulso a las energías renovables responde a objetivos marcados desde Bruselas: alcanzar una economía neutra en carbono en 2050. España se ha comprometido a producir al menos el 74 % de su electricidad mediante fuentes renovables en 2030. En este marco, el medio rural aparece como el escenario perfecto para ubicar grandes instalaciones solares y parques eólicos. Espacio disponible, baja densidad de población y niveles elevados de radiación solar o viento. Todo encaja en la hoja de ruta.
Pero lo que para las grandes empresas energéticas y los gobiernos —tanto nacional como autonómicos— es una oportunidad estratégica, en muchos pueblos se está percibiendo como una amenaza al paisaje, al modelo de vida y a la participación democrática.
Voces del territorio: entre el escepticismo y la resignación
En una reciente encuesta informal realizada entre vecinos de localidades como Candelario, Navacarros o Puerto de Béjar, se detecta una inquietud común: la falta de información y diálogo con las administraciones y promotores. “Nos enteramos cuando las máquinas ya están poniendo las torretas”, comenta indignado Julián Gutiérrez, pastor de 58 años en la zona de Vallejera. “¿Quién ha preguntado si queríamos esto?”
La preocupación no solo es estética o sentimental. Ganaderos, agricultores o propietarios de terrenos forestales están viendo cómo sus actividades pueden verse perjudicadas por la ocupación de enormes extensiones de suelo, la fragmentación de hábitats o la limitación del acceso a caminos rurales. María Elena Santamaría, apicultora en La Garganta, lamenta que “ni siquiera se nos ha consultado como vecinos. Los beneficios son para empresas que no viven aquí”.
Beneficios prometidos, impactos cuestionados
Los promotores de estos proyectos defienden sus bondades con cifras claras. Según datos del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), una planta solar de 100 MW puede abastecer a unas 60.000 personas. Además, se crearían entre 300 y 500 empleos temporales durante la fase de construcción, y algunos permanentes en mantenimiento. Se ofrecen compensaciones económicas a los ayuntamientos y algunos propietarios ven en el alquiler de sus tierras una rentabilidad que antes no tenían.
Sin embargo, el reparto de estos beneficios no es equitativo, y mucho menos transparente. En municipios pequeños, cuyas arcas dependen en gran parte de las subvenciones, la promesa de ingresos rápidos puede ser tentadora. Pero ¿es suficiente para justificar posibles daños al ecosistema o la pérdida de valor paisajístico y turístico del entorno?
“Es pan para hoy y hambre para mañana”, afirma tajante Jaime Pérez, guía de montaña en la Sierra de Béjar. “Si llenamos los montes de torres y paneles, ¿quién va a venir a hacer senderismo o a ver aves rapaces?”
El papel de los ayuntamientos: ¿mediadores o intermediarios?
Los gobiernos municipales han quedado en una posición incómoda. Por un lado, reciben presiones de empresas energéticas que ofrecen proyectos « llave en mano » con beneficios económicos inmediatos. Por otro, ciudadanos organizados, cada vez más informados, exigen moratorias, evaluaciones independientes y procesos de participación reales.
En Béjar, el pleno municipal debatió a principios de año la aprobación de un proyecto fotovoltaico en las afueras del municipio. Aunque finalmente se procedió a una consulta local no vinculante, quedó en evidencia una carencia en los procedimientos: desconocimiento técnico, escasez de personal para evaluar los informes y falta de herramientas para negociar en condiciones de equilibrio con las grandes promotoras.
« No tenemos capacidad para analizar estos proyectos como deberíamos », reconocía con sinceridad un concejal del equipo de gobierno, que prefirió mantener el anonimato. “Vamos a ciegas.”
¿Participación o imposición?
La expansión de las renovables ha puesto sobre la mesa un dilema clave: el equilibrio entre urgencia climática y modelo territorial. Nadie discute que hay que descarbonizar la energía, pero cada vez más voces reclaman que este proceso no puede repetirse con la lógica extractivista del pasado.
Desde colectivos como Aliente o la Red de Pueblos en Pie por la Tierra, se insiste en una idea clara: democratizar la energía. ¿Significa esto rechazar todas las macroinstalaciones? No necesariamente. Pero sí reclamar una ordenación del territorio que priorice el uso de cubiertas industriales y urbanas, fomente las comunidades energéticas locales y respete la biodiversidad.
Según el último informe de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, más del 60 % de la superficie para renovables proyectada en Castilla y León corresponde a suelo de alto valor ecológico. En plena emergencia climática y de despoblación, parece razonable cuestionar si no es posible otra vía más equilibrada.
¿Y si hubiera alternativas más sostenibles?
En lugares como San Martín del Castañar o Linares de Riofrío, algunos vecinos han iniciado conversaciones para crear comunidades energéticas locales que apuestan por la autoconsumo compartido. Instalación de paneles en tejados municipales, acuerdos cooperativos para la gestión de excedentes y apoyo mutuo entre productores y consumidores.
“No queremos decir no por decir no. Queremos decidir cómo sí”, explicó en una reciente asamblea vecinal Lucía Barrientos, arquitecta implicada en un proyecto piloto de energía participativa. “El problema no es la energía renovable, es el modelo con el que se está implantando.”
Casos como este muestran que es posible conjugar innovación, sostenibilidad y comunidad. Pero también que hacen falta voluntad política, apoyo técnico y tiempo. Algo que —por presiones económicas y agendas apretadas— muchas veces escasea.
Una comarca en cruce de caminos
Béjar y su comarca histórica están en un momento clave. Las decisiones que se tomen en los próximos años marcarán el futuro ambiental, social y económico de la región. No se trata de frenar el desarrollo, sino de pensar qué tipo de desarrollo se desea.
Las energías renovables pueden y deben ser una aliada para el futuro. Pero si queremos que también lo sean para el mundo rural, necesitan implantarse con diálogo, justicia y equidad. Escuchando más, imponiendo menos. Porque si algo ha quedado claro en los testimonios de los vecinos, es que la transición energética no puede ser solo una cuestión de megavatios. También debe ser una oportunidad para fortalecer la comunidad, el arraigo y el cuidado del territorio.
Como preguntaba retóricamente un agricultor de Sanchotello: “¿Nos traen energía limpia o se quieren llevar lo poco limpio que nos queda?”
